APAMYS se une a los actos organizados por el CERMI para exigir una financiación justa de nuestros centros y servicios
Hoy, a las 12.00 horas nos hemos dado cita personas usuarias, familiares y vecinos en la puerta de APAMYS, en la primera concentración, para reclamar una financiación justa en defenza de la viabilidad de nuestro Centros y Servicios que garanticen los servicios que precisen las personas con discapacidad intelectual y/o problemas del desarrollo para alcanzar su calidad de vida y posibilitar el ejercicio de sus derechos.
Durante el desarrolo de la concentración, Manuel Asuero, Presidente de APAMYS ha dado lectura al MANIFIESTO por la Financiación Justa para las Entidades de Discapacidad
En Andalucía, más de 550.000 personas con discapacidad dependen de los servicios que ofrecemos. Servicios de apoyo, atención y rehabilitación que no solo mejoran su calidad de vida, sino que también garantizan sus derechos fundamentales a la inclusión y a una vida digna. Sin embargo, estos servicios están bajo amenaza debido a la falta de una financiación adecuada y sostenible.
Las entidades de discapacidad hemos soportado durante años una carga creciente de costes: aumentos salariales necesarios para dignificar el trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras, incrementos en los precios de suministros, mantenimiento y nuevas exigencias legales y normativas. Por ello, aunque reconociendo el esfuerzo realizado por el ejecutivo andaluz en las dos últimas
legislaturas, éste no ha sido suficiente. Esta disparidad entre los costes reales de funcionamiento y los recursos que se destinan a la financiación de los centros nos está llevando al límite de lo insostenible. Por eso, hoy decimos alto y claro: no podemos seguir así. Exigimos:
Al Gobierno Nacional le instamos a que se elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a personas en situación de dependencia, que pasa por asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.
A la Junta de Andalucía: un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos. Un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona.
Reivindicamos:
Una financiación que cubra los costes reales. No estamos pidiendo lujos ni privilegios. Exigimos lo necesario para operar de manera sostenible y justa.
Un compromiso firme por parte de las autoridades para que no tengamos que luchar año tras año por una financiación básica. Necesitamos una solución a largo plazo.
Un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan. Las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos.
Además, queremos dejar claro que la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos. Los servicios que prestamos y los recursos que gestionamos son el pilar que sostiene la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Sin ellos, muchas personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan. No podemos permitir que esto suceda. No podemos permitir que el esfuerzo y la dedicación de todos los trabajadores, de las familias y de las propias personas con discapacidad se vea socavado por la inacción de aquellos que tienen la capacidad de cambiar esta situación. Hoy, alzamos la voz por una financiación justa. Nos unimos en un frente común para exigir una respuesta firme y decidida de nuestros representantes. Hoy, hacemos un llamado a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha, porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica.
Que esta llamada de atención sea solo el principio de un movimiento que no se detendrá hasta que se garantice un futuro digno y seguro para las personas con discapacidad en Andalucía. Por una financiación justa, por un compromiso real y por el respeto a los derechos de todos y todas.»
